Margarita Cordaro, arquitecta, vicepresidenta de CES y pionera de la construcción sustentable en el sector público, repasa su trayectoria impulsando la certificación desde la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Asegura que CES ha sido clave para verificar la calidad de los edificios públicos y proyecta los nuevos desafíos del sistema.
Con más de cuatro décadas de experiencia en arquitectura pública, Margarita Cordaro ha sido una de las principales impulsoras del enfoque sustentable en la edificación estatal en Chile. Desde su rol en la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP), ha participado en el desarrollo de estudios, proyectos, convenios, capacitaciones y lineamientos técnicos que hoy son base del modelo de la Certificación Edificio Sustentable (CES). Fue parte activa desde los inicios de este sistema, integrando el Comité de Certificación de Calidad Ambiental de Edificios, y ha seguido colaborando activamente como representante del MOP. Ha sido presidenta y vicepresidenta del CES en varios periodos, y en 2020 obtuvo el Premio CES al Profesional Destacado.
En esta entrevista, Margarita Cordaro recorre los hitos del proceso que dio origen a CES, los aportes del sector público a su desarrollo, el impacto que ha tenido en la gestión de proyectos y los desafíos que enfrentará en el futuro. Sus respuestas reflejan el compromiso institucional y personal con una arquitectura que combina calidad, diseño pasivo, eficiencia energética y responsabilidad ambiental.
¿Cómo recuerda los inicios de CES?
Me integré en 2007 al Instituto de la Construcción representando a la Dirección de Arquitectura en el Comité de Certificación de Calidad Ambiental de Edificios. Fue un proceso lleno de expectativa, con participación amplia desde lo público, privado, academia y consultores. Se revisaron normativas y certificaciones, y se llegó a un listado de cerca de mil requerimientos. Fue clave postular a Corfo Innova, porque se necesitaba un desarrollo profesional riguroso que considerara la diversidad territorial y climática del país.
¿Qué la motivó personalmente a involucrarse?
Como arquitecta de la DA MOP, ya en 1993 trabajaba con lineamientos de diseño pasivo y eficiencia energética. Aunque hubo dificultades para aplicarlos por desconocimiento técnico, el concepto me desafió y me motivó. Fue una oportunidad para proyectar edificios públicos con criterios de eficiencia y calidad ambiental. Desde entonces, hemos desarrollado estudios, cursos y diplomados en todo el país, generando herramientas como los TDRe de la DA para generar sinergia en el desarrollo de las licitaciones con criterios de sustentabilidad.
Desde el MOP, ¿por qué era importante una certificación como CES?
La DA ya contaba con guías técnicas agrupadas en cuatro ámbitos —diseño pasivo, confort ambiental, ahorro de energía y agua— que se alineaban con los principios de CES. Esta certificación permite verificar el cumplimiento de esas variables mediante una evaluación técnica independiente, lo que da transparencia y objetividad al proceso.
¿Cuáles fueron los principales aportes del MOP al sistema CES?
El más importante fue visibilizar la gestión que implica un proyecto de inversión pública. Propusimos incorporar una etapa de precertificación del diseño, separada de la certificación de obra. Esto responde a la realidad de los proyectos públicos, que suelen desarrollarse en etapas distintas y con cambios de autoridades. También fue útil contar con edificios públicos como casos reales para medición y evaluación.
¿Cómo fue la experiencia de trabajar con otras instituciones?
Fue enriquecedora. Escuchar, valorar y consensuar distintas miradas nos permitió generar una unidad conceptual que se plasmó en los parámetros de la certificación chilena. Fue un aprendizaje colectivo.
¿Qué valor le asigna a la colaboración público-privada?
Es esencial, y sumo también a la academia. Esta alianza permite una visión integral, que fortalece las iniciativas y conduce a las instituciones a generar las condiciones técnicas y legales para su implementación.
¿Cómo evalúa la evolución de CES en estos 10 años?
Ha sido notable. Sin ser ley ni obligación, CES se ha instalado como una gestión de calidad necesaria. Se ha ampliado a nuevos usos como hospitales y aeropuertos, y ha crecido la demanda de certificaciones. Ha habido reconocimiento internacional a través de la aplicación del sistema en proyectos gestionados por la DA MOP, lo que fue auditado y valorado y que permitió al país emitir Bonos Verdes.
¿Qué hitos destaca con especial orgullo?
Uno es el protocolo formal de colocación de placas CES en edificios certificados, con participación local de usuarios, consultores y comunidad. El otro, el cumplimiento de la meta ambiental del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 2017–2022, gracias al uso de CES y TDRe de la DA en licitaciones públicas. También el reconocimiento internacional por la gestión de la DA MOP, que dio pie a los Bonos Verdes y formalizado a través del Ministerio de Hacienda.
¿Qué cambios ha visto en los mandantes públicos?
Ahora hay un enfoque más integral. Desde la firma del convenio entre la DA y el mandante, se incorporan exigencias de sustentabilidad y Certificación CES. Esto permite verificar resultados en diseño y obra. Los mandantes ahora conocen cómo funcionará su edificio y valoran el confort ambiental y el ahorro energético.
¿Qué desafíos enfrenta CES hacia el futuro?
Los desafíos ya están aquí. El cambio climático y las amenazas naturales exigen incorporar resiliencia, considerando riesgos sismológicos, aluvionales o de inundación. Otro reto es una zonificación climática más detallada, incluso para la Antártica. Además, hay que avanzar en el fortalecimiento de certificación en etapa de operación: CES Plus Operación.
¿Qué rol debe jugar el Estado en consolidar la sustentabilidad?
El Estado debe liderar. Tenemos compromisos globales que requieren políticas de largo plazo. Aunque no es fácil equilibrar lo financiero con lo ambiental, debemos generar gobernanza para lograrlo.
¿Y qué le gustaría ver en CES en 10 años?
Un CES más formalizado, con fuerte compromiso institucional y financiamiento adecuado, que garantice un desarrollo técnico continúo y transparente en la certificación de edificios e infraestructura pública.
Leer entrevista completa aquí.
