CES: Herramienta robusta para la sustentabilidad de instituciones de educación superior

Por Mauricio Ramírez Molina, arquitecto, MSc UCLouvain, socio de 88 Limitada, y asesor CES.

Es indudable la importancia de las instituciones de educación superior (IES) en el desarrollo de un país por su rol en la creación y difusión del conocimiento, en la formación de profesionales y especialistas y en la investigación, transferencia tecnológica e innovación. Todo esto tiene mucha relevancia cuando hablamos de sustentabilidad porque dentro de las IES, las universidades son además importantes agentes de cambio. Por esta razón es clave la implementación exitosa, masiva y profunda del “Segundo Acuerdo de Producción Limpia Educación Superior Sustentable” (APL II), impulsado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y la Red de Campus Sustentable (RCS).

Este APL II, que además está respaldado por los ministerios de Medio Ambiente, Educación, Energía, Salud y Desarrollo Social, establece una hoja de ruta con cinco ejes principales: Gobernanza y Seguimiento, Academia, Gestión de Campus, Cultura Sustentable y Vinculación con el Medio & Responsabilidad Social. Son 116 acciones, compatibles con la agenda 2030 de Naciones Unidas, las que deben ser implementadas en un plazo de tres años a partir del 1 de enero del 2022.

Si bien varias de esas acciones requieren la construcción o adaptación y posterior validación de métricas, procedimientos y protocolos en áreas donde la sustentabilidad es aún “difusa”, hay otras que en nuestro país pueden ser rápidamente instaladas a través de herramientas altamente especializadas, robustas y de clase mundial como lo es la Certificación Edificio Sustentable CES, que calza perfectamente en el eje de Gestión de Campus, pero que además alimenta los demás ejes con mayor o menor protagonismo y con una muy buena coherencia con la herramienta RESIES desarrollada por la RCS, a través de la cual se medirá la sustentabilidad en ellas.

Un ejemplo concreto de esto son las certificaciones CES de edificios en diversas universidades del país, predominantemente en regiones: UACh, UCM, UMAG, PUC, UTA, UDA, ULagos, UAysen, USACh y UCh, ordenadas por fecha de certificación de edificios o pre-certificación de proyectos. Los procesos de incorporación de CES en universidades se iniciaron el año 2017 a través de las direcciones de infraestructura —con la UACh y UCM como líderes en el tema— y a la fecha ya muestra resultados positivos tanto en ahorro de energía como en desempeño ambiental en edificios, que ya llevan algunos años en uso. Si bien la cantidad de edificios certificados es menor en comparación a todo el parque construido que las universidades poseen a nivel nacional, es suficiente como para despejar cualquier duda que alguna autoridad académica tenga respecto de las ventajas, exigencias y procedimientos que se requieren para la correcta implementación de CES en edificios nuevos, así como en edificación existente que deba actualizarse para cumplir con las metas de sustentabilidad del APL II.

Por otra parte, las mismas IES deben tener en consideración que muchos de sus futuros estudiantes ya están viviendo hoy su formación pre-escolar y escolar (básica y media) en edificios que cuentan o contarán con Certificación CES, debido a que el Ministerio de Educación y la Junji lahan establecido como estándar para un gran porcentaje de sus proyectos de nueva edificación desde el año 2015 y 2019, respectivamente.

Con la experiencia (como 88 Limitada) de haber asesorado los primeros edificios universitarios certificados con CES y con Sello Plus Operación (UACh y UCM), de haber incorporado estándares de sustentabilidad en el diseño de planes maestros integrales de siete campus universitarios (UCM y UCT) y habiendo sido 11 años académico jerarquizado y de planta en una universidad estatal de regiones (UTalca), me permito afirmar lo siguiente: si las IES quieren avanzar rápidamente en sus metas de sustentabilidad, carbono neutralidad, energía neta cero y circularidad de su entorno construido, usen CES ahora, porque el camino se tornará mucho más sencillo.

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IC y Construye2025 apoyan APL para disminuir los RCD en Valparaíso

En noviembre recién pasado se firmó un Acuerdo de Producción Limpia (APL) entre la Cámara Chilena de la Construcción y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, con el objetivo de gestionar los residuos de construcción y demolición (RCD) e impulsar nuevos modelos de negocios circulares en la Región de Valparaíso.

El Instituto de la Construcción (IC) entidad gestora del Programa Construye2025 de Corfo, es una de las instituciones –junto a los Ministerios del Medio Ambiente y Salud; Dirección General de Obras Públicas; las Municipalidades de Concón, Quillota, Limache y Villa Alemana; Seremis de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente; y Universidad de Valparaíso- que prestará apoyo a través de la participación en mesas de trabajo y actividades de difusión, entre otros, con el fin de colaborar para el cumplimiento de objetivos y metas de este acuerdo que se pretende implementar en un plazo de 24 meses.

Gustavo Cortés, jefe de Proyecto Construye2025, señala que “el Instituto de la Construcción suscribe este APL en calidad de “Tercero Interesado” representando al Programa Construye2025, que tendrá un rol de articulador y coordinador de los diferentes actores, participando activamente en reuniones técnicas necesarias para la implementación de estrategias de economía circular, principalmente vinculadas a la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035 que el Programa lideró”.

El APL es un instrumento de gestión que implica compromisos voluntarios entre distintos actores del sector público y privado, y se basa en implementar medidas concretas que apunten a aumentar sus condiciones productivas, ambientales y sociales, a través de mejoras en sus procesos, servicios y productos.

La Región de Valparaíso es la segunda generadora de RCD a nivel nacional, con un promedio anual de 710 mil toneladas en la última década. Al proyectar esta tendencia de generación a los años 2025-2035, la cantidad de RCD aumenta a 986 mil toneladas anuales, lo que equivale a una generación diaria de 2.703 toneladas y a una demanda de procesamiento diario de 4.108 toneladas.

En este sentido, los residuos de la construcción se producen por ineficiencias en el diseño y en los procesos, lo que se traduce en un tremendo desperdicio de materiales e inadecuada gestión que genera costos ambientales y gastos al sector público”, señala Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad del Programa Construye2025.

“Entre los impactos que se esperan con el APL, está implementar la trazabilidad en la gestión de los residuos, reducir su generación, fomentar la valorización y uso de materiales reciclados en obras públicas y privadas, y lo que no se pueda valorizar, disponerlo en forma adecuada. Un aspecto clave es el desarrollo de proveedores para la gestión de residuos y la economía circular, a través de las mejores prácticas y la innovación”, añade Alejandra Tapia.

Paralelamente, se espera trabajar en distintas mesas de trabajo para ir generando las condiciones habilitantes para el cumplimiento de metas y compromisos, como por ejemplo definir una estrategia de solución a la falta de sitios autorizados para la eliminación de residuos.

Cabe señalar que este acuerdo está muy alineado con el trabajo que se ha realizado en la Hoja de Ruta para un Chile Circular 2040 y, principalmente, en la del sector con la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035,  liderada por el programa Construye2025, “la cual contribuye a identificar con una mayor claridad tanto las problemáticas como las posibles soluciones. Además, una de sus principales fortalezas es propiciar la coordinación pública para generar las condiciones habilitantes para el desarrollo de la economía circular, y el alineamiento y colaboración de las instituciones y distintos actores con un horizonte común”, agrega Alejandra Tapia.

Este APL está dirigido a los distintos actores de la cadena de valor del sector construcción de la Región de Valparaíso, es decir, constructoras, contratistas, proveedores, entre otros, quienes una vez adheridos, implementarán un plan de gestión de residuos y declararán su generación, valorización y disposición final. 

Además, cada empresa generadora de residuos fijará metas cuantitativas de prevención de generación y valorización para sus distintos tipos de residuos, las que no pueden ser menor al 10% del total generado, e identificará oportunidades de mejora.

También se desarrollará un catastro de gestores de residuos que operen en la región y sitios de disposición final autorizados y se definirá una estrategia de solución a la falta de sitios autorizados para la eliminación de RCD. Por otra parte, las empresas desarrollarán indicadores de sostenibilidad e implementarán un programa de capacitación y difusión de prácticas de economía circular y sus beneficios.

Finalmente, la coordinadora de Sustentabilidad del Programa Construye2025, señala que “existen grandes oportunidades para generar eficiencias en las obras de construcción, ya hay algunos avances en la valorización de RCD e innovación en el sector público. A modo de ejemplo, la Dirección de Vialidad del MOP, de la región, ha avanzado en esta materia reutilizando los residuos de asfaltos generados en el fresado de vías concesionadas, en la pavimentación de caminos vecinales, obteniendo enormes ahorros en costos, reduciendo la extracción de áridos vírgenes e impactando positivamente en la comunidad”.

Fuente: Instituto de la Construcción