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Por Waldo Bustamante, profesor titular Escuela de Arquitectura PUC, investigador adjunto CEDEUS y Premio CES Profesional Destacado 2025.

Con frecuencia damos por sentadas las condiciones en que habitamos, como si la calidad de nuestros edificios y ciudades fuese el resultado natural del paso del tiempo. Sin embargo, gran parte de su progreso tiene origen en el desarrollo científico y en su capacidad de traducirse en soluciones concretas para el entorno construido.

Han sido las crisis —desde los eventos sísmicos hasta las tensiones energéticas y los fenómenos climáticos extremos— las que en gran medida han puesto a prueba nuestras certezas y han impulsado avances decisivos en materiales, técnicas constructivas, normativas y formas de proyectar. Cada mejora en resiliencia estructural, cada avance en confort ambiental o en eficiencia energética, responde a conocimiento acumulado, validado y, muchas veces, acelerado por la urgencia.

En esa trayectoria, la ciencia no solo ha permitido comprender mejor los fenómenos que afectan a nuestras ciudades y sus edificios, sino también anticiparlos y diseñar respuestas más robustas. Reconocer ese vínculo es fundamental: los estándares que hoy consideramos habituales no son casuales, sino el resultado de décadas de investigación, experimentación y aprendizaje colectivo.

Desde la crisis del petróleo de los años 70 (que surge en el contexto de tensiones entre países productores del mundo árabe y naciones consumidoras, provocando una fuerte restricción en el suministro de crudo y un impacto global en los precios y la seguridad energética), el sector de la edificación experimentó un punto de inflexión que transformó profundamente su desarrollo. Lo que comenzó como una respuesta a la crisis señalada, derivó en una articulación inédita entre ciencia, tecnología y políticas públicas, dando origen a estrategias arquitectónicas, normativas, estándares y herramientas de simulación que hoy forman parte del quehacer habitual del diseño.

Gracias a esta convergencia —que integró avances en ciencia de materiales, arquitectura, ingeniería y física de la construcción— los edificios pueden ofrecer, en general, condiciones muy superiores de confort térmico, acústico y visual, incorporando estrategias como el aprovechamiento solar en invierno, la protección en verano y soluciones pasivas como invernaderos, envolventes eficientes, cubiertas vegetales, enfriamiento evaporativo, ventilación natural y otras.

En este contexto se consolida la arquitectura bioclimática, un enfoque que, apoyado en aportes pioneros como los de Victor Olgyay y posteriormente desarrollos de investigadores como Baruch Givoni, propone diseñar en diálogo con el clima para alcanzar confort interior con un mínimo consumo energético. Más que una corriente estilística, se trata de un cambio de paradigma: el edificio deja de concebirse como un objeto aislado que corrige las condiciones exteriores mediante sistemas activos, y pasa a entenderse como un sistema integrado que aprovecha variables físicas y ambientales —tales como radiación solar, viento y ventilación, oscilación e inercia térmica, transferencia de calor y masa— como insumos de proyecto. Este conocimiento, sistematizado científicamente y traducido en herramientas de cálculo y simulación, encuentra en las políticas públicas un vehículo fundamental para su masificación, a través de exigencias normativas y estándares de desempeño. Es así como el diseño arquitectónico se transforma en el espacio donde convergen ciencia y regulación, asumiendo la responsabilidad de materializar, en cada proyecto, no solo eficiencia energética, sino también bienestar interior y calidad ambiental.

Si la crisis del petróleo de los años 70 instaló la eficiencia energética como un imperativo técnico, la triple crisis actual —climática, ambiental y de biodiversidad— redefine el desafío en términos mucho más amplios y exige, a diferencia de entonces, una ciencia profundamente interdisciplinar y transdisciplinar.

Ya no basta con los avances en ingeniería, física de la construcción o ciencia de materiales: comprender y transformar el entorno construido hoy requiere integrar las ciencias del clima —para proyectar escenarios de riesgo y adaptación—, la ecología —para incorporar biodiversidad y servicios ecosistémicos—, y también las ciencias sociales y las humanidades, que permiten entender cómo las personas habitan, perciben y usan los espacios, cómo responden a las políticas públicas y qué barreras culturales o económicas condicionan su implementación.

Informes del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) han sido claros en señalar que las soluciones efectivas combinan dimensiones tecnológicas y sociales: un edificio altamente eficiente puede fracasar si no considera patrones de uso, inequidades de acceso o dinámicas urbanas. Del mismo modo, estrategias como la densificación, la mitigación de la contaminación atmosférica, la incorporación de infraestructura verde o la electrificación de la climatización no son solo decisiones técnicas, sino también políticas, culturales y territoriales.

En este contexto, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad no son un ideal académico, sino una condición necesaria para diseñar instrumentos de política pública que sean técnicamente robustos, socialmente viables y ambientalmente pertinentes. Es precisamente en esa convergencia —en que distintas formas de conocimiento dialogan— donde hoy se juega la capacidad de la arquitectura y la planificación para responder de manera efectiva a una crisis que ya no es sectorial, sino sistémica.

En este escenario, la lección es clara: así como la evidencia científica ha sido determinante para transformar la edificación en el pasado, hoy resulta indispensable para diseñar políticas públicas capaces de enfrentar una crisis que es, simultáneamente, climática, ambiental y social.

Este desafío interpela directamente la formación de los profesionales que diseñan nuestras ciudades y edificios. Si el entorno construido se ha convertido en el punto de encuentro entre clima, energía, biodiversidad y vida cotidiana, su enseñanza ya no puede organizarse en compartimentos estancos.

En suma: la arquitectura, la ingeniería y la planificación urbana y regional deben incorporar de manera decidida aportes de las ciencias climáticas, la ecología, las ciencias sociales y las humanidades, formando profesionales capaces de comprender y actuar en contextos complejos.

Porque, en definitiva, diseñar la ciudad para las personas —en un contexto de crisis sistémica— exige pensar y actuar de manera integrada. Es en esa convergencia, entre ciencia, política pública y formación profesional, donde se juega la posibilidad de construir entornos más justos, resilientes y sostenibles.