Categoría: Columnas de opinión

Por Paola Molina, arquitecta representante del Colegio de Arquitectos en el Comité Directivo CES.

Para concluir el ciclo de columnas relacionadas con el viaje que una delegación de profesionales chilenos realizó a Japón, como parte del convenio de colaboración entre la JICA y el Ministerio de Energía para conocer sobre las políticas públicas en construcción sustentable, eficiencia energética y certificaciones, la arquitecta Paola Molina, presidenta del Comité de Sustentabilidad y Energía del Colegio de Arquitectos de Chile e integrante del Comité Directivo CES, aborda el proceso de industrialización y la calidad de las edificaciones.

Es importante destacar que las viviendas y edificios japoneses en las líneas de prefabricación vienen diseñados para una alta durabilidad: los garantizan por 60 años teniendo certeza de que durarán un siglo.

El tiempo de entrega de una vivienda cuyo balance es cero energía demora 40 días, desde la firma del contrato hasta la entrega del inmueble emplazado en el terreno del cliente, con llave en mano.

Con este ejemplo, como país tenemos el desafío de avanzar en la industrialización y prefabricación de viviendas de alto estándar de calidad del ambiente interior, constructivo, de eficiencia energética y que aporten a mitigar el cambio climático. Es el camino que tenemos para lograr recintos con calidad certificada a un costo asequible.

Para esto debemos desarrollar incentivos para la industria: otorgar al mercado información oficial de soluciones constructivas que permitan lograr altos estándares, establecer mecanismos de financiamiento para los clientes asociados a seguros e implementar exigencias y fiscalizaciones de cumplimiento de estándares, con el fin de dar seguridad a la banca.

Ejemplos de incentivos

En Japón se ha levantado y desglosado información detallada respecto de consumos, lo que permite generar estímulos para maximizar sus alcances. Por ejemplo, la Ley de Ahorro de Energía establece exigencias de estándares a los mayores consumidores (edificios de más de 2.000 m2), que deben presentar resultado de certificación energética 21 días antes del inicio de obra; si no cumplen, no se les otorga el permiso de edificación. En tanto, la ley establece un tiempo de evaluación menor a catorce días: si demora más, se puede comenzar la obra sin este permiso.

Las inmobiliarias deben presentar un plan de proyección de mejora de eficiencia energética en el diseño y construcción de sus viviendas para lograr alcanzar los estándares. Cada año se revisa su cumplimiento y las que no lo alcanzan pasan a una lista que se publica en la web del ministerio correspondiente, en tanto se destaca a las que sí lo logran.

Este estímulo se aplicó desde el 2009 y logró abarcar un 92% del mercado.

También se otorgan incentivos a los edificios existentes, que deben cumplir con los mismos parámetros que los nuevos. Y si se va a realizar una remodelación a gran escala, tienen la obligación de cumplir con el estándar para obtener permiso por parte del municipio.

En tanto, existen subsidios para construir con eficiencia energética a tasas preferenciales, considerando también las energías renovables; herramientas para diagnóstico de eficiencia energética; subsidios para industrial y promoción de desarrollo de tecnologías innovadoras.

Es importante destacar que el estándar que tienen no lo han ido mejorando, sino que fue bien hecho desde un comienzo: partió siendo voluntario y después, según el alcance de la certificación, el tamaño de la construcción y el tramo, se fue volviendo obligatorio.

Si miramos estos ejemplos y el desafío para Chile, sin duda es importante comenzar por desglosar y ampliar el levantamiento de información respecto del consumo de energía de las edificaciones -de distinto uso- para tener mayor claridad de dónde se generan más impactos para definir estímulos.

Es necesario además:

• Fomentar incentivos de mercado y de mejora continua para las empresas a través del cumplimiento de sus propios planes de desempeño energético, como el programa Top Runner.
• Fortalecer las políticas de incentivo de mercado y subsidios hacia la eficiencia energética y el uso de energías renovables. Una vez consolidados estos objetivos, pueden empezar a decrecer.
• Redirigir incentivos existentes como bonos, subsidios y franquicias tributarias, enfocados en mejoras en eficiencia energética en edificaciones y artefactos.
• Impulsar la creación de créditos a tasa preferencial para renovaciones energéticas de edificaciones y nuevas construcciones.
• Y, finalmente, habiendo fijado a nivel nacional el objetivo de edificaciones cero energías, crear incentivos para edificación con ZEH y ZEB.

Japón se ha fijado al año 2030 hacer obligatorio ZEB para todos los edificios no residenciales nuevos, y que el promedio de residenciales nuevos sea así. Hoy, ya existen entre 20 a 30 edificios ZEB en Japón; por lo que, sin duda, lo lograrán.

El mensaje final es que hay que tener visión de futuro: debemos establecer en nuestra planificación a largo plazo la importancia de contar con emplazamientos ZEB y ZEH. Haciendo las cosas bien, de manera organizada y optimizando los procesos con miras al desarrollo y avance de nuestro país, se puede lograr todo lo anterior: basta con que los actores de cada instancia en la cadena de desarrollo de la construcción sostenible y del estrato político de las diferentes áreas que se comprenden, tengan esta visión y agenda de desarrollo futuro conjunto organizado y tiempo.

Por Paola Molina, arquitecta representante del Colegio de Arquitectos en el Comité Directivo CES.

* Como parte del convenio de colaboración entre la JICA y el Ministerio de Energía, se desarrolló entre el 29 de octubre y el 09 de noviembre un programa de capacitación en Japón, con el fin de conocer sobre las políticas públicas en construcción sustentable, eficiencia energética y certificaciones.

Participó una delegación compuesta por diez representantes de ocho instituciones públicas y privadas, entre ellas la arquitecta Paola Molina, presidenta del Comité de Sustentabilidad y Energía del Colegio de Arquitectos de Chile e integrante del Comité Directivo CES, quien realizó una serie de columnas de opinión donde recoge los aspectos más relevantes de esta experiencia.

En esta primera entrega, se refiere a las principales lecciones y desafíos que plantea a Chile el ejemplo de Japón, particularmente en el desarrollo de políticas públicas.

La experiencia recibida por quienes viajamos a la isla, sin duda será aquilatada y marcará un precedente y rumbo en nuestras carreras profesionales, y lo que desde ahí podamos irradiar a las instituciones de nuestro país que deben liderar estos procesos.

Para empezar, los compromisos ambientales y energéticos suscritos a nivel internacional por Japón impulsan la aplicación de políticas conjuntas nacionales, con una mirada país de largo y mediano plazo. Van más allá de soluciones a problemas puntuales o acciones aisladas.

Para dimensionarlo, puedo comentar que existen variados tipos de subsidios e incentivos, tanto para nueva construcción como para edificios existentes, sin distinción del nivel de ingreso familiar. Esto, porque se tiene la claridad de que es el país completo el que debe cumplir con los compromisos adquiridos: si el enfoque se pone solo en los sectores más vulnerables o públicos, se dejará de lado un porcentaje importante de las edificaciones que, sin la posibilidad de mejorar sus estándares, no permitirá que el país sea capaz de cumplir, mientras que también se ralentizará la masificación de la tecnología necesaria a precios asequibles, poniendo en riesgo su alcance.

El alcance de las políticas también es local: durante el viaje tuvimos la oportunidad de visitar el Gobierno Metropolitano de Tokio, que está trabajando con estándares y plazos para el desarrollo y establecimiento de cero emisiones, cero basura y la formación de un equipo público-privado de difusión con miras a lograr una ciudad sustentable para los Juegos Olímpicos que se realizarán en 2020.

Los estándares que se ha establecido el Municipio están basados en los estándares ambientales y de eficiencia energética de Japón pero, en muchos casos, aumentan la exigencia para lograr sus metas trazadas.

Esta mirada permite reflexionar sobre la necesidad de avanzar en las políticas de gestión de residuos considerando todo el ciclo de vida de la edificaciones; incorporar la mirada de ciudades en la reducción de GEI desarrollando planes locales de eficiencia energética con exigencias mayores al estándar; atender la mitigación de islas de calor; conservar la biodiversidad y fortalecer la creación de más áreas verdes de calidad dentro de la ciudad; incorporar en las ciudades la energía distrital de alta eficiencia basada en fuentes de energía renovable; levantar y registrar información a través de monitorización y, por último, difundir los planes a través de equipos organizados dentro de cada comuna.

Finalmente, un punto que no puede dejar de abordarse es ejemplo de la resiliencia frente a las catástrofes provocadas por eventos naturales, donde Chile y Japón compartimos un escenario asemejable. 

Es importante comentar que en Japón planifican sus construcciones en base a la prevención y no a la reacción, porque el costo de esto último es muy alto. De esta forma, generan un análisis acucioso de tendencias, cambios en la sociedad, efectos de los desastres naturales, etc., integrando estrategias desde etapas tempranas en el desarrollo y planificación de la ciudad y sus edificaciones. 

Hay mucho que decir sobre este enfoque y el desafío para Chile es avanzar en ciudades con alto estándar de prevención, preparación y resiliencia frente a eventos que, por las características de nuestro territorio, no dejarán de ocurrir.

Por Pablo Canales, arquitecto Departamento de Arquitectura del Ministerio de Salud.

En este escenario, el nuevo Plan Nacional de Inversiones (https://www.gob.cl/inversionesensalud/) presentada por el Ministerio de Salud (Minsal) el pasado mes de agosto, incorpora criterios de sustentabilidad para el diseño, ejecución y operación de los nuevos hospitales y establecimientos de atención primaria, con el objetivo de disminuir los impactos medio ambientales que lleva consigo el ciclo de vida de las edificaciones. De este modo, la nueva infraestructura contará con eficiencia en el consumo energético y de agua potable, y con lineamientos para la reducción de los residuos y emisiones de gases efecto invernadero en su construcción y operación.

Para lograr un alto rendimiento energético, cada edificación se diseña según las características climáticas de la localidad donde se ubica, siendo la arquitectura y la implementación de una envoltura térmica de alto rendimiento (sistemas pasivos), los factores claves en la eficiencia energética de los establecimientos. Asimismo, todos los sistemas activos, como luminarias, climatización, ventilación, entre otros, son de alto rendimiento energético y cumplen con estándares internacionales de eficiencia. A esto se suma la implementación de sistemas de energía renovables, por ejemplo, paneles solares térmicos, fotovoltaicos y sistemas de geotermia, en donde las condiciones locales permitan complementar los consumos energéticos. Por su parte, la reducción en el consumo de agua es otorgada gracias a artefactos sanitarios y sistemas de riego de alta eficiencia, que cumplen con los requerimientos nacionales e internacionales en materia de sostenibilidad.

Este trabajo no es nuevo, ya desde el año 2007, Minsal ha incorporado criterios de eficiencia energética y del recurso hídrico de manera integral en sus proyectos. Entre los primeros establecimientos con estos lineamientos se tienen los hospitales de Hanga Roa, Rancagua, Puerto Montt y Talca, los cuales se desarrollaron con una especialidad dedicada a estos estudios durante la etapa de diseño. Estos proyectos incorporaron estrategias en el diseño para reducir los consumos energéticos y de agua, así como la implementación de sistemas de energías renovables no convencionales, tales como geotermia, paneles solares térmicos y fotovoltaicos, considerando los sistemas del edificio como un todo.

La incorporación de criterios de sustentabilidad no solo tiene un beneficio medioambiental, ya que en su aplicación está implícito el concepto de calidad del ambiente interior. Así, el diseño de la infraestructura de salud cumple estándares nacionales e internacionales que mejoran las condiciones de habitabilidad de los usuarios, en aspectos como temperaturas de confort, ingreso de luz natural y calidad del aire. El mejoramiento de la calidad ambiental interior, tiene beneficios directos en el bienestar de los funcionarios y en la recuperación de los pacientes, por lo que es un aspecto relevante que se considera en la nueva infraestructura de salud.

Actualmente, la Certificación Edificio Sustentable versión Hospitales (CES), implementada desde el año 2017, ha abierto un nuevo parámetro de estandarización nacional en el sector de salud. Su desarrollo ha sido en consenso con los criterios del Ministerio de Salud y se ha enfocado en las necesidades propias de nuestro contexto nacional. Entre sus virtudes, está el mejoramiento de los estándares arquitectónicos pasivos, la aplicación de estándares de ventilación internacionales y las herramientas de gestión de la operación y mantenimiento del edificio, contribuyendo, además, en la mejora de la calidad del ambiente interior de los recintos. Hasta la fecha, se cuenta con dos proyectos hospitalarios de distintas complejidades en proceso de ser certificados: Hospital Quillota Petorca y Hospital Provincial de Curicó. En tanto, otros diez están incorporando este método nacional en su diseño: Hospital de Puerto Varas, Hospital de Linares, Hospital Sótero del Río, Hospital Provincial Cordillera, Hospital Alto Hospicio, Hospital de Melipilla, Hospital de Buin-Paine, Hospital de Constitución, Hospital de Cauquenes y Hospital de Parral.

Mediante la implementación de esta certificación y diversos criterios de diseño en sustentabilidad es que se busca contar con una nueva infraestructura de salud más amigable con el medio ambiente, confortable y alineada con los acuerdos internacionales que ha suscrito nuestro país en materias de cambio climático.

Por Alejandra Tapia Soto, coordinadora Técnica de Construye2025 de Corfo.

El sector construcción, al igual que muchos otros, posee un modelo de producción lineal, es decir, extrae materias primas, produce mediante recursos materiales y luego desecha. Este sector es el mayor consumidor global de recursos y materias primas, se estima que cerca del 50% de la producción mundial de acero y 3 millones de toneladas de material primas se utilizan cada año. No obstante, también es responsable de gran parte de la generación de residuos. Según un estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente (2012), un 32% de los residuos generados en países del Espacio Económico Europeo proviene de actividades de la construcción y demolición (RCD). Por otra parte, en otro estudio de la Comisión Europea (2011), se estima que más de 200 millones de toneladas de los RCD son generados cada año, excluyendo los materiales excavados.

En nuestro país, se estima que los residuos de la construcción representan un 23% del total nacional (MMA-OCDE 2016). Sin embargo, no hay registros representativos en cuanto a métricas en el sector. La generación de residuos de la construcción, en parte, es producto de ineficiencias en los procesos productivos, su inadecuada disposición es un gasto y pérdida de recursos; tanto para el sector privado como para el público. Su gestión actual tiene y ha tenido grandes impactos en el espacio físico, urbano y natural, deteriorando tanto el entorno social como el ambiental.

A pesar de ello, muchas veces los problemas, según el foco con que se mire, pueden transformarse en oportunidades. Es entonces cuando surge el concepto de economía circular. A pesar de parecer un concepto un tanto abstracto, un acercamiento a él es comprender el rompimiento del modelo de producción lineal, a través de una “disociación entre el desarrollo económico y el uso de los recursos, mediante la puesta en marcha de modelos de negocio con menor uso de materiales y mayor oferta de servicios” (ACR+2015). Es decir, apuntar a reducir el uso de recursos materiales en virtud de la generación de nuevos negocios a través de la innovación, otorgándole importancia al ciclo de vida, y considerando la jerarquía de “reducir, reutilizar y reciclar”. Asimismo, entendiendo el residuo no como un desecho, sino que como un recurso que obliga a repensar los procesos para disminuir pérdidas, y como una nueva materia prima secundaria. 

En materia de economía circular, es necesario involucrar a todas las etapas, desde la formulación del proyecto, diseño, cadena de suministro, construcción y montaje, transporte, valorización y disposición, y nuevas cadenas. En cuanto a la administración pública, tiene la importante misión de organizar la participación equilibrada de todos los grupos de interés, coordinar y facilitar la creación de alianzas público-privadas, facilitar el acceso a información, así como poner a disposición instrumentos basados en el mercado, legales, investigación, desarrollo e innovación, así como instrumentos de comunicación y educación (ACR+2015).

En conclusión, lo que Construye2025 propone es mejorar la productividad y sustentabilidad de la construcción, a partir de “repensar los modelos de producción considerando el ciclo de vida de los recursos materiales y toda la cadena de valor de la construcción y deconstrucción, en el marco de una economía circular”.

Por Erwin Navarrete Saldivia, jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

En este contexto, hemos asumido el desafío de impulsar políticas y programas que permitan incorporar estándares de sustentabilidad en la industria de la construcción, para mejorar la calidad de las ciudades, barrios y viviendas, los cuales hemos reunido bajo una estrategia de construcción sustentable.

Bajo este paraguas hemos implementado numerosas iniciativas, como la reactivación de la Mesa Interministerial de Construcción Sustentable; el desarrollo de estándares de construcción sustentable para viviendas y espacios públicos; subsidios para el uso de energías renovables en viviendas sociales; herramientas de evaluación y difusión de la eficiencia energética, como la Calificación Energética de Viviendas; modificaciones normativas; especificaciones técnicas; y el mejoramiento de beneficios para elevar el estándar de habitabilidad en el país, como el subsidio para acondicionamiento térmico.

Todos estos esfuerzos conjuntos apuntan a un objetivo común, que es optimizar las condiciones de vida de las familias chilenas, a través de estrategias que privilegien metodologías de trabajo, diseños, materialidades y comportamientos de uso de viviendas y espacios urbanos, que respeten el medioambiente y la salud de las personas, y así ofrecer un mejor futuro a las nuevas generaciones.

Por Hernán Madrid, jefe de Certificación Edificio Sustentable.

Durante una buena parte de este 2018 nos hemos abocado a la revisión del modelo técnico para la certificación de Edificios de Uso Público de la cual, esperamos tener la versión 1.1 al finalizar el año. Esto ha implicado un importante esfuerzo y dedicación de recursos por parte los Asesores CES que participan, a quienes agradecemos su compromiso y participación.

Una de las iniciativas más relevantes que comenzaremos a ejecutar, en línea con el convenio con el Ministerio de Energía, tiene que ver con el desarrollo de una metodología específica para edificios existentes. Si bien en la metodología vigente está la posibilidad de certificar un edificio que ya se encuentre en uso, el enfoque es orientado a edificios que requerirán un reacondicionamiento importante, de modo de llevarlos a un “nivel de certificación”. La intención de esta iniciativa es generar un modelo diferente, basado en el desempeño del propio edificio y en el cumplimiento de un plan de mejora sostenido en el tiempo.

Junto con el impulso desde Energía, contamos con el compromiso de las instituciones que participaron en el desarrollo del sistema, que son las que directamente construyen o agrupan a los actores involucrados en la construcción de una gran parte de los edificios en Chile.

En la línea de acción potenciada con la incorporación del Minvu, realizaremos un levantamiento detallado de las condiciones de construcción de edificios de uso público en el país y de los niveles de estrategias de sustentabilidad que se han ido incorporando en los edificios certificados y los que se construyen de manera “normal” los últimos años, de modo de poder ajustar a la realidad las condiciones utilizadas en el edificio de “referencia” incluido en el modelo de certificación.

Todas las iniciativas mencionadas constituyen un gran avance para robustecer y ampliar el alcance del modelo de certificación CES, de manera de entregar una herramienta más amplia a este sistema que se ha ido consolidando en los poco más de tres años que llevamos en operación.

Por Esteban Montenegro, jefe del Área de Arquitectura del Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educacional del Mineduc.

Sin embargo, dado que era necesario mejorar las condiciones de confort ambiental para los estudiantes, el Mineduc estableció que toda la construcción nueva financiada por el Estado tuviese mejores estándares. En ese sentido, el ministerio tuvo una participación activa desde el proceso de elaboración de la herramienta nacional Certificación Edificio Sustentable (CES) -apoyada por el MOP, CChC, Colegio de Arquitectos, Instituto de la Construcción, Minvu y Ministerio de Energía- y puso gran interés en su promoción, lo que se ve avalado por la incorporación, a partir del año 2015, de la exigencia de certificación CES en todos los proyectos de reposición.

De hecho, aun antes de que surgiera Certificación Edificio Sustentable, la cartera ya exigía criterios de sustentabilidad apoyados en ese momento por estándares propios o del Ministerio de Obras Públicas. Al implementarse CES fue posible asegurar la verificación de una tercera parte, lo que entrega el respaldo necesario a las autoridades de que el diseño tuviese ciertas condiciones de confort térmico, acústico, calidad del aire, etc.

Este hecho se vuelve relevante, sobre todo considerando que la experiencia acumulada en la última década, y en especial en los proyectos conjuntos con el Mineduc, Unesco y el BID, avalan la importancia de asegurar buenas condiciones de confort térmico, acústico, visual y de calidad del aire al interior de los espacios educativos, dado el impacto positivo que tendrían sobre el desempeño y el bienestar de estudiantes, docentes y comunidad educativa en general.

Esto, sumado al fomento de la responsabilidad ambiental y a la optimización de los costos de operación, hace que la certificación CES se convierta en una excelente herramienta para promover un nuevo estándar en las edificaciones escolares públicas.

De esta manera, en la actualidad tres establecimientos cuentan con la certificación: la Escuela Manuel Anabalón de Panguipulli, la primera certificada (2015), la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins de Tocopilla (2017), y el Liceo Experimental Artístico de Quinta Normal (2018). Asimismo, 35 escuelas están en proceso de certificación CES.

Y es que la diversidad de construcciones, ubicaciones y materialidades que sin duda tendrán las diversas obras son abordadas muy bien debido a la amplitud de la Certificación Edificio Sustentable, que es una herramienta local, adaptable a nuestra industria, en términos de diferencias climáticas, geográficas y de énfasis regionales.

Por ejemplo, en el sur de Chile, la Escuela Manuel Anabalón de Panguipulli alcanza temperaturas interiores dentro del rango de confort, incluso los niños han indicado que las salas son “levemente calurosas”, y su consumo en calefacción, basado en un sistema de caldera de pellets y radiadores de agua, corresponde a $4.500.000 por año (consumo aproximado de 33 a 37 kWh/m2 año).

Asimismo, profesionales del Mineduc que han visitado colegios de la zona sur del país, específicamente de la Región de la Araucanía, han notado el cambio en los edificios que aplican criterios de sustentabilidad -aunque no estén certificados CES-, visualizando que a la fecha de mayo-junio, aún no era necesario el uso de calefacción, versus otros de la misma zona que no tenían los estándares sustentables, ya estaban con calefacción, incluso al interior del aula, con los problemas de contaminación intradomiciliaria que ello acarrea.

Por Norman Goijberg, vicepresidente Comité Directivo Certificación Edificio Sustentable

En el año 2014, gracias a un convenio entre la Cámara Chilena de la Construcción CChC, el Ministerio de Obras Públicas, el Colegio de Arquitectos y el Instituto de la Construcción, se creó el método nacional Certificación Edificio Sustentable CES, para edificios de uso público.

La Metodología de CES considera las características de nuestro clima, el 63% de los puntos se pueden obtener por diseño pasivo de arquitectura, y el resto por equipamiento eficiente. Esta es la diferencia fundamental con el LEED, ya que este sistema da mayor relevancia a otras características que se logran con equipamiento tecnológico eficiente y características del entorno.

Existen edificios que son más complejos y que quedaron fuera del alcance de la primera versión CES; para abordar algunos de ellos se desarrolló una versión especial CES Hospitales. Se están estudiando versiones para otros tipos como centros comerciales, hoteles, etc.

Un edificio puede tener dos certificaciones, ya que estas no son incompatibles, un ejemplo es el nuevo edificio de la CChC, que está en proceso de certificación LEED (Core and Shell) y también con CES para sus oficinas. Además, la CChC tomó como política certificar sus sedes regionales con CES; la primera sede certificada fue la de Osorno y hay otras en proceso.

En la medida que hacemos un edificio con mejor calidad del ambiente interior, adecuada temperatura, ventilación e iluminación, que consume menos energía y agua, esto nos entrega una mejor calidad de vida. 

Además, CES cuenta con numerosos ejemplos que demuestran que construir un edificio sustentable no cuesta más caro, siempre que se trabaje en un proceso integrado de diseño desde el inicio del proyecto. En los casos en que ha resultado un costo inicial mayor para construir, esta inversión se recupera en los primeros años de uso con los ahorros en la operación.

Hoy, toda esta información se está conociendo y en muchos casos ya es un hecho: podemos hacer edificios mejores, que no son más caros y que claramente mejorarán nuestra calidad de vida.

Por Carlos Bascou, gerente general de Constructora Basco y representante de la Cámara Chilena de la Construcción en el Comité Directivo CES.

Este proyecto, liderado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y financiado mayoritariamente por el GORE de la Región Metropolitana fue adjudicado luego de un proceso de licitación bajo el sistema de pago contra recepción a la empresa Basco S.A. quien debió competir no solo con la oferta económica sino que también con el proyecto desarrollado en base a los términos de referencia entregados por Carabineros y el MOP.

Fue así como este particular recinto de múltiples tipologías de uso, tales como; oficinas, zonas de pernoctación o salas de atención al público 24/7, entre otros, debió definir una estrategia de eficiencia energética para el edificio completo habiéndose manteniendo los costos alcanzados en proyectos similares gracias a la optimización de los equipos, y un uso adecuado y protagónica de la arquitectura pasiva, que es en definitiva la que determina mayoritariamente los niveles de certificación CES.

El haber integrado en la licitación el precio de la oferta, el proyecto y la exigencia de certificación, no solo permitió acortar significativamente los tiempos del proceso sino que además optimizar sus costos alcanzando precios equivalentes al de proyectos no certificados y por sobre todo garantizar menores demandas de energía, impactos medio ambientales y mejoras significativas en la calidad de vida de sus usuarios.

Como lo ha mostrado la experiencia en otros países que han impulsado sus sistemas de certificación como el LEED Americano, el BREEAM del Reino Unido, BEAM de Hong Kong y varios otros, son precisamente los proyectos públicos los que han liderado su implementación y uso en fases iniciales gracias a la exigencia y compromiso del mandante estatal, pero que en definitiva han demostrado al sector privado y a los usuarios y por ende al mercado, que hoy si es posible lograr altos estándares en materias de ahorro energético y calidad de vida interior para todo el ciclo de vida de una edificación.

Por Felipe Ossio, consultor en DECON UC, Entidad Evaluadora y Asesor CES*

Sin embargo, a la hora de buscar culpables, habitualmente se cae en el error de atribuir exclusivamente a la industria y/o a los sistemas de transporte, el origen principal de estos fenómenos. Pese a esto, el rubro de la construcción y, en particular, los inmuebles donde pasamos la mayor parte de nuestras vidas, son, en gran medida, culpables de dichos problemas.

A modo de ejemplo, el sector de la construcción es actualmente, a nivel mundial, responsable del 45% de consumo total de energía, del 50% del consumo total de recursos, del 40% de desechos generados, del 16% del consumo de agua y del 30% de las emisiones de GEI.

Ahora, si llevamos las cifras a la industria en Chile, la construcción sería responsable del 26% del consumo total de energía y esto sólo en operación de edificios, 50% del consumo total de recursos, del 40% de desechos generados, del 16% del consumo de agua y del 30% de emisiones de GEI.

Luego, la reducción de los múltiples impactos de la construcción en el medio ambiente juega un papel clave, si queremos satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las futuras para satisfacer sus propias necesidades. Por ello, una construcción centrada en el medio ambiente, una construcción sustentable, es una prioridad.

Pero, ¿qué es construcción sustentable? Según Kibert, se entiende como aquel desarrollo de la construcción tradicional, con una responsabilidad considerable con el medio ambiente por todas las partes y participantes. Ello implica un interés creciente en todas las etapas de la construcción, considerando las diferentes alternativas en el proceso mismo, en favor de la minimización del agotamiento de los recursos, previniendo la degradación ambiental o los perjuicios y proporcionando un ambiente saludable, tanto en el interior de los edificios como en su entorno.

Lo anterior implica buscar una reducción del consumo de energía en todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto de construcción, desde el momento en que se diseña, pasando por el proceso constructivo, el período de uso y mantenimiento hasta el momento de su demolición, dado que todas estas etapas conllevan un gran consumo energético con el consiguiente impacto sobre el medio ambiente.

Además, la construcción sustentable implica una adecuada selección e instalación de materiales. Desde el punto de vista de la selección, el material elegido debe tener un proceso de extracción de bajo impacto ambiental, con una fabricación eficiente, en la que se optimice la cantidad de materia prima, se controle el consumo de agua y energía, tenga bajas emisiones de contaminantes y gran parte de los residuos generados se valoricen, reincorporándolos al proceso o transformándolos en otros materiales. Desde el punto de vista de la instalación, una adecuada planificación constructiva que se adapte a las particularidades de cada obra es indispensable para minimizar los impactos ambientales.

Del mismo modo, una disminución de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) también es necesaria. Los RCD generados en los procesos constructivos varían en función del tipo de obra y el modo constructivo utilizado. Una construcción tradicional que emplee mayoritariamente materiales de naturaleza pétrea, generará una gran cantidad de residuos que son responsables del colapso de los vertederos, mientras que una construcción industrializada, utilizará menos volumen y mayor variedad de materiales, con mayores posibilidades de valorización.

Ahora, desde la mirada de los recursos hídricos, también es una aspiración de la construcción sustentable reducir los impactos sobre el ciclo del agua. Lo anterior, pese a que no hay suficiente información sobre la gestión del recurso agua en la fase de construcción que permita establecer generalidades. Pero se debe tener en cuenta la repercusión que van a tener en el consumo directo e indirecto de agua en la obra, la selección de materiales, sistemas y procesos constructivos.

En síntesis, una construcción sustentable debe velar, en todas las etapas del proyecto, por reducir su impacto ambiental, donde en particular los procesos constructivos y las decisiones que se tomen en obra juegan un papel crucial.

Motivo de lo anterior, en DECON UC como Entidad Evaluadora asignamos una gran importancia a la verificación en obra dentro del proceso de Certificación CES. Momento donde verificamos la correcta ejecución de los aspectos de diseño y construcción del edificio evaluado, específicamente aquellas partidas del proyecto relacionadas con el cumplimiento de los requerimientos obligatorios y voluntarios a los que se están postulando para obtener la certificación, así como los requerimientos asociados a la etapa de construcción.

*Felipe Ossio es doctor en Arquitectura Sustentable y profesor de la Escuela de Construcción Civil UC.