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Por Paola Molina, arquitecta representante del Colegio de Arquitectos en el Comité Directivo CES.

Para concluir el ciclo de columnas relacionadas con el viaje que una delegación de profesionales chilenos realizó a Japón, como parte del convenio de colaboración entre la JICA y el Ministerio de Energía para conocer sobre las políticas públicas en construcción sustentable, eficiencia energética y certificaciones, la arquitecta Paola Molina, presidenta del Comité de Sustentabilidad y Energía del Colegio de Arquitectos de Chile e integrante del Comité Directivo CES, aborda el proceso de industrialización y la calidad de las edificaciones.

Los japoneses han logrado desarrollar un mercado de construcción industrializada que permite incorporar estándares de eficiencia energética con control de calidad, y que posibilita la reducción de residuos desde el diseño, desarrollando acabadas soluciones constructivas, terminaciones y mobiliarios de cocina y baño. Se logran módulos que dan una gran flexibilidad e identidad a las unidades de vivienda según los gustos y presupuesto de cada cliente.

Es importante destacar que las viviendas y edificios japoneses en las líneas de prefabricación vienen diseñados para una alta durabilidad: los garantizan por 60 años teniendo certeza de que durarán un siglo.

El tiempo de entrega de una vivienda cuyo balance es cero energía demora 40 días, desde la firma del contrato hasta la entrega del inmueble emplazado en el terreno del cliente, con llave en mano.

Con este ejemplo, como país tenemos el desafío de avanzar en la industrialización y prefabricación de viviendas de alto estándar de calidad del ambiente interior, constructivo, de eficiencia energética y que aporten a mitigar el cambio climático. Es el camino que tenemos para lograr recintos con calidad certificada a un costo asequible.

Para esto debemos desarrollar incentivos para la industria: otorgar al mercado información oficial de soluciones constructivas que permitan lograr altos estándares, establecer mecanismos de financiamiento para los clientes asociados a seguros e implementar exigencias y fiscalizaciones de cumplimiento de estándares, con el fin de dar seguridad a la banca.

Ejemplos de incentivos

En Japón se ha levantado y desglosado información detallada respecto de consumos, lo que permite generar estímulos para maximizar sus alcances. Por ejemplo, la Ley de Ahorro de Energía establece exigencias de estándares a los mayores consumidores (edificios de más de 2.000 m2), que deben presentar resultado de certificación energética 21 días antes del inicio de obra; si no cumplen, no se les otorga el permiso de edificación. En tanto, la ley establece un tiempo de evaluación menor a catorce días: si demora más, se puede comenzar la obra sin este permiso.

También se revisa, por parte del municipio, el desempeño del edificio una vez terminado; si no cumple, no se da permiso para ser usado y hay involucradas penalidades económicas. Tan solo el año pasado obtuvieron 3.000 solicitudes de evaluación.

En tanto, los edificios entre 2.000 y 300 m2 solo tienen la obligación de informar resultados de certificación, con el objetivo de visibilizar el esfuerzo de mejora de rendimiento de ahorro energético y no para cumplir estándares.

Además, han creado una serie de incentivos temporales, entre los que se cuentan el programa Top Runner en viviendas. En general, las especificaciones por parte de las inmobiliarias eran de bajo estándar de eficiencia energética, por lo que se creó esta instancia para mejorarlas. Está dirigido a inmobiliarias que venden más de 150 casas al año (número definido calculando tener un alcance del 50% de las inmobiliarias).

Las inmobiliarias deben presentar un plan de proyección de mejora de eficiencia energética en el diseño y construcción de sus viviendas para lograr alcanzar los estándares. Cada año se revisa su cumplimiento y las que no lo alcanzan pasan a una lista que se publica en la web del ministerio correspondiente, en tanto se destaca a las que sí lo logran.

Este estímulo se aplicó desde el 2009 y logró abarcar un 92% del mercado.

También se otorgan incentivos a los edificios existentes, que deben cumplir con los mismos parámetros que los nuevos. Y si se va a realizar una remodelación a gran escala, tienen la obligación de cumplir con el estándar para obtener permiso por parte del municipio.

En tanto, existen subsidios para construir con eficiencia energética a tasas preferenciales, considerando también las energías renovables; herramientas para diagnóstico de eficiencia energética; subsidios para industrial y promoción de desarrollo de tecnologías innovadoras.

Es importante destacar que el estándar que tienen no lo han ido mejorando, sino que fue bien hecho desde un comienzo: partió siendo voluntario y después, según el alcance de la certificación, el tamaño de la construcción y el tramo, se fue volviendo obligatorio.

Si miramos estos ejemplos y el desafío para Chile, sin duda es importante comenzar por desglosar y ampliar el levantamiento de información respecto del consumo de energía de las edificaciones -de distinto uso- para tener mayor claridad de dónde se generan más impactos para definir estímulos.

Es necesario además:

• Fomentar incentivos de mercado y de mejora continua para las empresas a través del cumplimiento de sus propios planes de desempeño energético, como el programa Top Runner.
• Fortalecer las políticas de incentivo de mercado y subsidios hacia la eficiencia energética y el uso de energías renovables. Una vez consolidados estos objetivos, pueden empezar a decrecer.
• Redirigir incentivos existentes como bonos, subsidios y franquicias tributarias, enfocados en mejoras en eficiencia energética en edificaciones y artefactos.
• Impulsar la creación de créditos a tasa preferencial para renovaciones energéticas de edificaciones y nuevas construcciones.
• Y, finalmente, habiendo fijado a nivel nacional el objetivo de edificaciones cero energías, crear incentivos para edificación con ZEH y ZEB.

Japón se ha fijado al año 2030 hacer obligatorio ZEB para todos los edificios no residenciales nuevos, y que el promedio de residenciales nuevos sea así. Hoy, ya existen entre 20 a 30 edificios ZEB en Japón; por lo que, sin duda, lo lograrán.

El mensaje final es que hay que tener visión de futuro: debemos establecer en nuestra planificación a largo plazo la importancia de contar con emplazamientos ZEB y ZEH. Haciendo las cosas bien, de manera organizada y optimizando los procesos con miras al desarrollo y avance de nuestro país, se puede lograr todo lo anterior: basta con que los actores de cada instancia en la cadena de desarrollo de la construcción sostenible y del estrato político de las diferentes áreas que se comprenden, tengan esta visión y agenda de desarrollo futuro conjunto organizado y tiempo.

Por Paola Molina, arquitecta representante del Colegio de Arquitectos en el Comité Directivo CES.

* Como parte del convenio de colaboración entre la JICA y el Ministerio de Energía, se desarrolló entre el 29 de octubre y el 09 de noviembre un programa de capacitación en Japón, con el fin de conocer sobre las políticas públicas en construcción sustentable, eficiencia energética y certificaciones.

Participó una delegación compuesta por diez representantes de ocho instituciones públicas y privadas, entre ellas la arquitecta Paola Molina, presidenta del Comité de Sustentabilidad y Energía del Colegio de Arquitectos de Chile e integrante del Comité Directivo CES, quien realizó una serie de columnas de opinión donde recoge los aspectos más relevantes de esta experiencia.

En esta primera entrega, se refiere a las principales lecciones y desafíos que plantea a Chile el ejemplo de Japón, particularmente en el desarrollo de políticas públicas.

A través de la transferencia de conocimiento recibido, tuvimos la oportunidad de compenetrarnos en la gestación de las políticas públicas, incentivos y desarrollo del área de eficiencia energética en la construcción en Japón, además de un baño de su extraordinaria cultura, siendo esta última el contexto óptimo para que lo anterior se haya logrado concretar.

La experiencia recibida por quienes viajamos a la isla, sin duda será aquilatada y marcará un precedente y rumbo en nuestras carreras profesionales, y lo que desde ahí podamos irradiar a las instituciones de nuestro país que deben liderar estos procesos.

Para empezar, los compromisos ambientales y energéticos suscritos a nivel internacional por Japón impulsan la aplicación de políticas conjuntas nacionales, con una mirada país de largo y mediano plazo. Van más allá de soluciones a problemas puntuales o acciones aisladas.

Para dimensionarlo, puedo comentar que existen variados tipos de subsidios e incentivos, tanto para nueva construcción como para edificios existentes, sin distinción del nivel de ingreso familiar. Esto, porque se tiene la claridad de que es el país completo el que debe cumplir con los compromisos adquiridos: si el enfoque se pone solo en los sectores más vulnerables o públicos, se dejará de lado un porcentaje importante de las edificaciones que, sin la posibilidad de mejorar sus estándares, no permitirá que el país sea capaz de cumplir, mientras que también se ralentizará la masificación de la tecnología necesaria a precios asequibles, poniendo en riesgo su alcance.

El alcance de las políticas también es local: durante el viaje tuvimos la oportunidad de visitar el Gobierno Metropolitano de Tokio, que está trabajando con estándares y plazos para el desarrollo y establecimiento de cero emisiones, cero basura y la formación de un equipo público-privado de difusión con miras a lograr una ciudad sustentable para los Juegos Olímpicos que se realizarán en 2020.

Los estándares que se ha establecido el Municipio están basados en los estándares ambientales y de eficiencia energética de Japón pero, en muchos casos, aumentan la exigencia para lograr sus metas trazadas.

Esta mirada permite reflexionar sobre la necesidad de avanzar en las políticas de gestión de residuos considerando todo el ciclo de vida de la edificaciones; incorporar la mirada de ciudades en la reducción de GEI desarrollando planes locales de eficiencia energética con exigencias mayores al estándar; atender la mitigación de islas de calor; conservar la biodiversidad y fortalecer la creación de más áreas verdes de calidad dentro de la ciudad; incorporar en las ciudades la energía distrital de alta eficiencia basada en fuentes de energía renovable; levantar y registrar información a través de monitorización y, por último, difundir los planes a través de equipos organizados dentro de cada comuna.

Queda planteado el desafío para Chile, donde si bien hay municipios que han tomado la delantera y se encuentran trabajando en el desarrollo de planes de incentivo de producción de energías renovables, uso de bicicletas, reciclaje y otras iniciativas, aún faltan los planes con metas y objetivos claros para lograr comunas sustentables, reduciendo al máximo el CO2 y el consumo de energía comunal.

Finalmente, un punto que no puede dejar de abordarse es ejemplo de la resiliencia frente a las catástrofes provocadas por eventos naturales, donde Chile y Japón compartimos un escenario asemejable. 

Es importante comentar que en Japón planifican sus construcciones en base a la prevención y no a la reacción, porque el costo de esto último es muy alto. De esta forma, generan un análisis acucioso de tendencias, cambios en la sociedad, efectos de los desastres naturales, etc., integrando estrategias desde etapas tempranas en el desarrollo y planificación de la ciudad y sus edificaciones. 

Hay mucho que decir sobre este enfoque y el desafío para Chile es avanzar en ciudades con alto estándar de prevención, preparación y resiliencia frente a eventos que, por las características de nuestro territorio, no dejarán de ocurrir.

Por Pablo Canales, arquitecto Departamento de Arquitectura del Ministerio de Salud.

Vivimos el contexto de enfrentar el cambio climático y otras amenazas medio ambientales que se han visto aceleradas por la acción humana. Chile ha comprometido políticas y acciones que permitan a nivel local la adaptación, la mitigación y el cumplimiento de los acuerdos globales, en el marco del Acuerdo de París.

En este escenario, el nuevo Plan Nacional de Inversiones (https://www.gob.cl/inversionesensalud/) presentada por el Ministerio de Salud (Minsal) el pasado mes de agosto, incorpora criterios de sustentabilidad para el diseño, ejecución y operación de los nuevos hospitales y establecimientos de atención primaria, con el objetivo de disminuir los impactos medio ambientales que lleva consigo el ciclo de vida de las edificaciones. De este modo, la nueva infraestructura contará con eficiencia en el consumo energético y de agua potable, y con lineamientos para la reducción de los residuos y emisiones de gases efecto invernadero en su construcción y operación.

Para lograr un alto rendimiento energético, cada edificación se diseña según las características climáticas de la localidad donde se ubica, siendo la arquitectura y la implementación de una envoltura térmica de alto rendimiento (sistemas pasivos), los factores claves en la eficiencia energética de los establecimientos. Asimismo, todos los sistemas activos, como luminarias, climatización, ventilación, entre otros, son de alto rendimiento energético y cumplen con estándares internacionales de eficiencia. A esto se suma la implementación de sistemas de energía renovables, por ejemplo, paneles solares térmicos, fotovoltaicos y sistemas de geotermia, en donde las condiciones locales permitan complementar los consumos energéticos. Por su parte, la reducción en el consumo de agua es otorgada gracias a artefactos sanitarios y sistemas de riego de alta eficiencia, que cumplen con los requerimientos nacionales e internacionales en materia de sostenibilidad.

Este trabajo no es nuevo, ya desde el año 2007, Minsal ha incorporado criterios de eficiencia energética y del recurso hídrico de manera integral en sus proyectos. Entre los primeros establecimientos con estos lineamientos se tienen los hospitales de Hanga Roa, Rancagua, Puerto Montt y Talca, los cuales se desarrollaron con una especialidad dedicada a estos estudios durante la etapa de diseño. Estos proyectos incorporaron estrategias en el diseño para reducir los consumos energéticos y de agua, así como la implementación de sistemas de energías renovables no convencionales, tales como geotermia, paneles solares térmicos y fotovoltaicos, considerando los sistemas del edificio como un todo.

En esta nueva generación de hospitales se han registrado importantes reducciones en los consumos energéticos y emisiones de CO2 respecto a los establecimientos construidos antes del 2007. De acuerdo con datos del Ministerio de Energía, en los nuevos hospitales se han obtenido consumos energéticos que representan un 50% menos que los registrados en los hospitales existentes por metro cuadrado de superficie edificada.

La incorporación de criterios de sustentabilidad no solo tiene un beneficio medioambiental, ya que en su aplicación está implícito el concepto de calidad del ambiente interior. Así, el diseño de la infraestructura de salud cumple estándares nacionales e internacionales que mejoran las condiciones de habitabilidad de los usuarios, en aspectos como temperaturas de confort, ingreso de luz natural y calidad del aire. El mejoramiento de la calidad ambiental interior, tiene beneficios directos en el bienestar de los funcionarios y en la recuperación de los pacientes, por lo que es un aspecto relevante que se considera en la nueva infraestructura de salud.

Actualmente, la Certificación Edificio Sustentable versión Hospitales (CES), implementada desde el año 2017, ha abierto un nuevo parámetro de estandarización nacional en el sector de salud. Su desarrollo ha sido en consenso con los criterios del Ministerio de Salud y se ha enfocado en las necesidades propias de nuestro contexto nacional. Entre sus virtudes, está el mejoramiento de los estándares arquitectónicos pasivos, la aplicación de estándares de ventilación internacionales y las herramientas de gestión de la operación y mantenimiento del edificio, contribuyendo, además, en la mejora de la calidad del ambiente interior de los recintos. Hasta la fecha, se cuenta con dos proyectos hospitalarios de distintas complejidades en proceso de ser certificados: Hospital Quillota Petorca y Hospital Provincial de Curicó. En tanto, otros diez están incorporando este método nacional en su diseño: Hospital de Puerto Varas, Hospital de Linares, Hospital Sótero del Río, Hospital Provincial Cordillera, Hospital Alto Hospicio, Hospital de Melipilla, Hospital de Buin-Paine, Hospital de Constitución, Hospital de Cauquenes y Hospital de Parral.

Mediante la implementación de esta certificación y diversos criterios de diseño en sustentabilidad es que se busca contar con una nueva infraestructura de salud más amigable con el medio ambiente, confortable y alineada con los acuerdos internacionales que ha suscrito nuestro país en materias de cambio climático.

Por Alejandra Tapia Soto, coordinadora Técnica de Construye2025 de Corfo.

La construcción es transversal e interactúa con diversos sectores, al igual que con nuestra vida, prácticamente desde que nacemos hasta que morimos estamos vinculados a una construcción. También es conocido que es uno de los sectores más estancados en productividad y en el uso de tecnologías, además de presentar importantes desafíos en cuanto a minimizar sus impactos en el medio ambiente.

El sector construcción, al igual que muchos otros, posee un modelo de producción lineal, es decir, extrae materias primas, produce mediante recursos materiales y luego desecha. Este sector es el mayor consumidor global de recursos y materias primas, se estima que cerca del 50% de la producción mundial de acero y 3 millones de toneladas de material primas se utilizan cada año. No obstante, también es responsable de gran parte de la generación de residuos. Según un estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente (2012), un 32% de los residuos generados en países del Espacio Económico Europeo proviene de actividades de la construcción y demolición (RCD). Por otra parte, en otro estudio de la Comisión Europea (2011), se estima que más de 200 millones de toneladas de los RCD son generados cada año, excluyendo los materiales excavados.

En nuestro país, se estima que los residuos de la construcción representan un 23% del total nacional (MMA-OCDE 2016). Sin embargo, no hay registros representativos en cuanto a métricas en el sector. La generación de residuos de la construcción, en parte, es producto de ineficiencias en los procesos productivos, su inadecuada disposición es un gasto y pérdida de recursos; tanto para el sector privado como para el público. Su gestión actual tiene y ha tenido grandes impactos en el espacio físico, urbano y natural, deteriorando tanto el entorno social como el ambiental.

A pesar de ello, muchas veces los problemas, según el foco con que se mire, pueden transformarse en oportunidades. Es entonces cuando surge el concepto de economía circular. A pesar de parecer un concepto un tanto abstracto, un acercamiento a él es comprender el rompimiento del modelo de producción lineal, a través de una “disociación entre el desarrollo económico y el uso de los recursos, mediante la puesta en marcha de modelos de negocio con menor uso de materiales y mayor oferta de servicios” (ACR+2015). Es decir, apuntar a reducir el uso de recursos materiales en virtud de la generación de nuevos negocios a través de la innovación, otorgándole importancia al ciclo de vida, y considerando la jerarquía de “reducir, reutilizar y reciclar”. Asimismo, entendiendo el residuo no como un desecho, sino que como un recurso que obliga a repensar los procesos para disminuir pérdidas, y como una nueva materia prima secundaria. 

En consecuencia, para el cierre de brechas en la construcción, se requiere mejorar tanto el sector privado como el público, la coordinación y la cooperación en toda la cadena de valor y sus involucrados, todos en su conjunto son parte fundamental de la transformación y, por cierto, una “transformación sustentable”. En tal sentido, ambos sectores deben trabajar en forma colaborativa y alineada, teniendo como clave las alianzas y modelos de asociación público-privada.

En materia de economía circular, es necesario involucrar a todas las etapas, desde la formulación del proyecto, diseño, cadena de suministro, construcción y montaje, transporte, valorización y disposición, y nuevas cadenas. En cuanto a la administración pública, tiene la importante misión de organizar la participación equilibrada de todos los grupos de interés, coordinar y facilitar la creación de alianzas público-privadas, facilitar el acceso a información, así como poner a disposición instrumentos basados en el mercado, legales, investigación, desarrollo e innovación, así como instrumentos de comunicación y educación (ACR+2015).

En conclusión, lo que Construye2025 propone es mejorar la productividad y sustentabilidad de la construcción, a partir de “repensar los modelos de producción considerando el ciclo de vida de los recursos materiales y toda la cadena de valor de la construcción y deconstrucción, en el marco de una economía circular”.

Por Erwin Navarrete Saldivia, jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La sustentabilidad se ha transformado en uno de los focos centrales de la labor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por ello hemos impulsado diversas acciones que buscan reducir el impacto de las edificaciones sobre el medioambiente. En esta tarea, una de nuestras metas principales en este nuevo periodo es elevar el estándar de las ciudades, barrios y edificaciones del país.

En materia constructiva, nos preocupa estudiar el impacto ambiental considerando el ciclo de vida completo de las edificaciones, ya que consumen grandes porcentajes de energía y agua, y generan altos índices de residuos y contaminación ambiental en las ciudades, entre otras externalidades negativas.

En este contexto, hemos asumido el desafío de impulsar políticas y programas que permitan incorporar estándares de sustentabilidad en la industria de la construcción, para mejorar la calidad de las ciudades, barrios y viviendas, los cuales hemos reunido bajo una estrategia de construcción sustentable.

Bajo este paraguas hemos implementado numerosas iniciativas, como la reactivación de la Mesa Interministerial de Construcción Sustentable; el desarrollo de estándares de construcción sustentable para viviendas y espacios públicos; subsidios para el uso de energías renovables en viviendas sociales; herramientas de evaluación y difusión de la eficiencia energética, como la Calificación Energética de Viviendas; modificaciones normativas; especificaciones técnicas; y el mejoramiento de beneficios para elevar el estándar de habitabilidad en el país, como el subsidio para acondicionamiento térmico.

Pero junto con trabajar en iniciativas propias del ministerio, estamos muy interesados en apoyar a otros actores, tanto públicos como privados, que están impulsando acciones que buscan incentivar la incorporación de sustentabilidad en la edificación de Chile.

Una de estas iniciativas es la Certificación de Edificios Sustentables (CES), liderada por el Instituto de la Construcción (IC), que está enfocada en incentivar la construcción sustentable en edificios de uso público no residencial. En este sentido, CES comparte la misma línea estratégica con la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS), que lidera el Minvu. Estamos interesados en generar sinergias entre las dos iniciativas, participando mutuamente en los comités directivos y técnicos de ambas certificaciones.

Junto con lo anterior, hemos intencionado un trabajo conjunto para alinear aspectos fundamentales de estas iniciativas, como la homologación del lenguaje de certificación, con el fin de que compartan un terminología y lógica de trabajo, facilitando la masificación del uso de ambos instrumentos en el mercado.

Todos estos esfuerzos conjuntos apuntan a un objetivo común, que es optimizar las condiciones de vida de las familias chilenas, a través de estrategias que privilegien metodologías de trabajo, diseños, materialidades y comportamientos de uso de viviendas y espacios urbanos, que respeten el medioambiente y la salud de las personas, y así ofrecer un mejor futuro a las nuevas generaciones.

Por Hernán Madrid, jefe de Certificación Edificio Sustentable.

La incorporación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Ministerio de Energía al Comité Directivo de CES este año, junto con representar un enorme respaldo a la labor que hemos realizado desde la administración de la certificación, permite plantear nuevos desafíos internos y de desarrollo para el modelo de certificación de CES.

Durante una buena parte de este 2018 nos hemos abocado a la revisión del modelo técnico para la certificación de Edificios de Uso Público de la cual, esperamos tener la versión 1.1 al finalizar el año. Esto ha implicado un importante esfuerzo y dedicación de recursos por parte los Asesores CES que participan, a quienes agradecemos su compromiso y participación.

Una de las iniciativas más relevantes que comenzaremos a ejecutar, en línea con el convenio con el Ministerio de Energía, tiene que ver con el desarrollo de una metodología específica para edificios existentes. Si bien en la metodología vigente está la posibilidad de certificar un edificio que ya se encuentre en uso, el enfoque es orientado a edificios que requerirán un reacondicionamiento importante, de modo de llevarlos a un “nivel de certificación”. La intención de esta iniciativa es generar un modelo diferente, basado en el desempeño del propio edificio y en el cumplimiento de un plan de mejora sostenido en el tiempo.

Junto con el impulso desde Energía, contamos con el compromiso de las instituciones que participaron en el desarrollo del sistema, que son las que directamente construyen o agrupan a los actores involucrados en la construcción de una gran parte de los edificios en Chile.

En la línea de acción potenciada con la incorporación del Minvu, realizaremos un levantamiento detallado de las condiciones de construcción de edificios de uso público en el país y de los niveles de estrategias de sustentabilidad que se han ido incorporando en los edificios certificados y los que se construyen de manera “normal” los últimos años, de modo de poder ajustar a la realidad las condiciones utilizadas en el edificio de “referencia” incluido en el modelo de certificación.

Todas las iniciativas mencionadas constituyen un gran avance para robustecer y ampliar el alcance del modelo de certificación CES, de manera de entregar una herramienta más amplia a este sistema que se ha ido consolidando en los poco más de tres años que llevamos en operación.